En una decisión trascendental, el Congreso de la República ha aprobado la Ley N° 31897, la cual anula la Ley N° 31876 que regía la ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. Esta antigua normativa imponía restricciones limitantes, con un tope de 50 UIT, generando un desafío considerable para los gobiernos regionales y