ALCALDE RAÚL PEÑA: “ABANCAY NO ESTÁ EN CONTRA DE UN HOSPITAL DE NIVEL III-1, ESTAMOS EN CONTRA DE LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRO ÚNICO HOSPITAL.”
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Ante la creciente preocupación por la propuesta de demolición del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, el único establecimiento de salud de nivel II-2 en la región Apurímac, se llevó a cabo una reunión en la Casa de la Cultura. Este encuentro reunió a ciudadanos, gremios locales, la congresista Elizabeth Taipe Coronado, el alcalde de Abancay, Raúl Peña Sánchez, regidores municipales y diversas organizaciones de la sociedad civil.
La problemática radica en la decisión del Gobierno Regional de Apurímac y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) de demoler este hospital, clave para más de 450,000 habitantes de la región, y reemplazarlo con un hospital de contingencia en el sector de Maucacalle. Dicho terreno, con capacidad significativamente menor y riesgos geológicos, genera preocupación en la población.
Durante la reunión, el alcalde Raúl Peña fue enfático al expresar:
«Abancay no está en contra de un hospital de nivel III-1, estamos en contra de la destrucción de nuestro único hospital. Este no es un reclamo político, es un reclamo técnico y social. Queremos garantizar la salud del pueblo con la compra de un nuevo terreno para la construcción de un nuevo hospital. No voy a permitir que se destruya nuestro hospital, sin importar el costo político, porque defenderé la voluntad del pueblo.»
Además, el burgomaestre se comprometió a gestionar la asignación de un nuevo terreno para la construcción de un hospital moderno y convocó a una marcha pacífica programada para el 26 de noviembre, en defensa de los intereses de la región.
El Hospital Guillermo Díaz de la Vega, construido sobre más de 38,000 m2, ofrece servicios esenciales como UCI, salud mental y banco de sangre, y su demolición dejaría a la población en una situación de alta vulnerabilidad, además de afectar a más de 1,000 trabajadores del sector salud.
Durante la reunión, los participantes expresaron su rechazo a este proyecto, cuestionando la falta de transparencia en el manejo de un presupuesto superior a los 1,000 millones de soles. La población exige que se reconsideren los planes, priorizando la salud y el bienestar de la región, y manifiesta su compromiso de vigilar de cerca las decisiones que puedan afectar la calidad del servicio de salud en Apurímac.
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