Tras casi una década de irregularidades, riesgos de colapso y deudas millonarias, las instituciones públicas, comerciantes y dirigentes se comprometen a encontrar una solución definitiva que garantice seguridad y transparencia.
Ayer en horas de la mañana la Casa de la Cultura fue el escenario de una trascendental reunión convocada por la presidenta del comité de comerciantes del mercado Las Américas, Leonor Cortés Arpe, con el fin de abordar la crítica situación que atraviesa este importante centro de abastos desde su construcción a finales del 2013. El encuentro estuvo presidido por el alcalde provincial Raúl Peña Sánchez y contó con la participación de regidores Marcelino Montes Aguilar, Mónica Giráldez Lerena y Gladys Gómez Gamboa, el congresista por Apurímac Paul Silvio Gutiérrez Ticona, el prefecto regional Edwin Carpio Chalque, el subprefecto Saturnino Sierra Ramos, la procuradora municipal Gisela Ortiz Reynoso, representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Contraloría General de la República y dirigentes de los comerciantes, entre ellos Eloy Huamaní Quispe.En la reunión se expuso que el Mercado Las Américas, edificado con una inversión de más de 9 millones de soles, presenta graves deficiencias estructurales que lo convierten en un riesgo para la integridad de comerciantes y usuarios. Los informes técnicos revelan que la cimentación apenas alcanza cincuenta centímetros de profundidad, cuando el expediente exigía otros parámetros, además de irregularidades en la disposición de vigas principales. Dichas falencias no solo afectan la estabilidad del edificio, sino que comprometen la seguridad de cientos de familias que dependen del mercado como espacio de trabajo y abastecimiento.A ello se suma la controversia legal y financiera derivada de la liquidación técnico-financiera presentada en diciembre de 2014 por el consorcio ejecutor de la obra, mediante la cual se determinó que la Municipalidad Provincial de Abancay (MPA) debía pagar 467 mil soles adicionales. De acuerdo con la normativa de contrataciones del Estado, la comuna tenía 60 días para observar la liquidación, lo que no se hizo, quedando esta consentida. En la práctica, ello implica que, además de los más de 9 millones de soles ya desembolsados, la municipalidad podría estar obligada a pagar una suma adicional por una obra mal ejecutada y que, según todos los estudios, estaría destinada a demolición. Este escenario genera un dilema jurídico y económico, pues compromete recursos públicos que debieron destinarse a inversión y servicios básicos.La presidenta del sindicato de comerciantes, Leonor Cortés Arpe, manifestó su indignación por la desidia de gestiones pasadas, que permitieron la recepción de una obra deficiente y dejaron a los comerciantes en la calle, obligándolos a subsistir en condiciones precarias. “Se hicieron estudios que confirmaban las irregularidades, pero no se actuó. Hoy seguimos luchando por un espacio seguro y digno para trabajar”, enfatizó. Por su parte, el alcalde Raúl Peña Sánchez reconoció la complejidad de la situación y expresó que su gestión no puede seguir postergando soluciones. “Nos encontramos ante un problema heredado, con un proyecto mal ejecutado y con la presión de una deuda millonaria. Debemos dar respuestas transparentes y asumir con responsabilidad este reto, aunque implique decisiones difíciles”, declaró.El Asesor Legal de MPA, Richard Carrión explicó que la liquidación presentada por la empresa quedó consentida por falta de observación en los plazos establecidos y que ello limita la capacidad de la municipalidad de desconocer la deuda. No obstante, aclaró que la Contraloría General de la República ya cuenta con estudios periciales que podrían sustentar la recomendación de demolición de la infraestructura, lo cual reforzaría la posición legal del municipio frente a posibles acciones de la empresa ejecutora. El congresista Paul Silvio Gutiérrez, en tanto, expresó su solidaridad con los comerciantes afectados y subrayó que después de más de 10 años no es admisible que continúen trabajando en las calles bajo la lluvia y el sol. Añadió que desde el Congreso impulsará las coordinaciones necesarias para garantizar acompañamiento técnico, jurídico y social, y que el caso del Mercado Las Américas debe convertirse en un precedente para que obras públicas mal ejecutadas no queden en la impunidad.Tras varias intervenciones, las autoridades locales, regionales y nacionales coincidieron en la necesidad de conformar de inmediato una mesa técnica especializada integrada por técnicos expertos de la Municipalidad Provincial de Abancay, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Prefectura, especialistas de los colegios profesionales, entre otros. Esta mesa tendrá como misión principal evaluar, en el plazo más corto posible, las alternativas de solución jurídica, económica, técnica y social que permitan garantizar la seguridad de la población y la defensa del patrimonio municipal. Entre las opciones planteadas figura la recomendación de demolición de la actual infraestructura, en caso de que los informes de la Contraloría lo sustenten, lo que abriría paso a un nuevo proyecto que responda a las verdaderas necesidades de los comerciantes y vecinos de Abancay.Con este acuerdo se busca cerrar un capítulo de negligencia administrativa y falta de fiscalización que se ha extendido por casi una década, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Las autoridades presentes reiteraron su compromiso de actuar con transparencia, legalidad y responsabilidad, reconociendo que la resolución de este caso no solo implica la recuperación de un espacio de trabajo digno para los comerciantes del mercado Las Américas, sino también la defensa del interés público frente a actos de ineficiencia y mala gestión en la ejecución de obras públicas.
¡ALCALDE RAÚL PEÑA, LÍDER QUE TRANSFORMA PROMESAS EN REALIDAD!
