De acuerdo con documentos, lo que inició en 1991 como una autorización exclusivamente temporal para 41 puestos de venta se convirtió, con el paso de los años, en una ocupación permanente que derivó en subarriendos, ampliaciones irregulares, ingreso de talleres, conexiones precarias y el bloqueo de zonas clave para la seguridad ciudadana. Informes de Gestión de Riesgos advirtieron reiteradamente que esta ocupación impedía desarrollar el cerco perimétrico del Estadio El Olivo y obstaculizaba rutas de evacuación indispensables durante eventos deportivos, exponiendo a la población –especialmente niños, adultos mayores y personas con discapacidad– a un riesgo directo.



